En la última semana, la disputa de Apple con el FBI y el arresto en Brasil del máximo ejecutivo de Facebook en América Latina han acaparado los titulares de varios medios a nivel internacional.
Aunque a simple vista parecería que estos casos son distintos, pero en realidad están mucho más conectados de lo que creemos y sirve para contrastar la posición de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil (como representante de América Latina) ante la tecnología.
Apple vs el FBI: mucho más que un teléfono.
Revisemos los particulares: el FBI le pide a Apple un software para eliminar la encriptación del iPhone de uno de los responsables de la masacre de San Bernardino en California el año pasado, pues corre el riesgo de perder toda la información del dispositivo si intenta desbloquearlo un determinado número de veces sin lograrlo.
Pero Tim Cook, CEO de Apple, se ha negado al considerar que con este software se pondría en riesgo la privacidad de todos los usuarios si llega a caer en las manos equivocadas.
Qué podría pasar en el futuro si este software existe y el FBI o cualquier otra dependencia del gobierno de Estados Unidos quiere utilizarlo indiscriminadamente en otros casos.
O peor aún, si lo pierden. Recordemos que históricamente, los gobiernos, de cualquier país, han demostrado ser una entidad poco responsable para manejar la información de los ciudadanos.
El tema es de tal trascendencia que representantes de Apple y el FBI han comparecido ante el Congreso de Estados Unidos, que ha formado audiencias para intentar llegar a una solución.
Apple ha encontrado cierto respiro en un caso de narcotráfico en Nueva York, donde la policía quiere investigar un iPhone como pieza de evidencia, y un juez decidió que la compañía no está obligada a desencriptar el dispositivo.
Pero el caso con el FBI aún tiene cuerda para rato.
Brasil vs Facebook: La fuerza bruta antes que los argumentos.
Vayamos a Brasil, donde la semana pasada las autoridades arrestaron al Vicepresidente de Facebook para América Latina, Diego Dzodan, porque la compañía se negó a entregar mensajes de WhatsApp (de la que Facebook es dueña desde 2014) que serían usados como evidencia en una investigación contra el crimen organizado.
Esto nos revela dos cosas: el desconocimiento del gobierno sobre la cuestión tecnológica, al pedir algo que no existe, y tan no existe, que la propia WhatsApp ha declarado no poder acceder a esa información.
La segunda, el atropello a un ciudadano al que hacen responsable de algo por lo que no puede responder, Dzodan no tiene acceso a la información que la justicia brasileña pide, pues su representación es puramente comercial. Las oficinas de Facebook en América Latina son de operaciones comerciales.
Yo sé de estas cosas. En mi época en Google también tuve que ayudar a nuestro Country Manager en Brasil a salir del país debido a que estaban a punto de arrestarlo por cuestiones parecidas.
Garantías individuales contra abuso de poder
Comparemos la manera de actuar de Estados Unidos, donde un ciudadano puede decirle al mismo FBI que no hará lo que le piden, por cuidar la privacidad del resto de la ciudadanía.
¿Qué hace el sistema judicial? Decide actuar por las vías institucionales y esperar a que todo se resuelva conforme a derecho, pero siempre con la protección de las garantías individuales de los ciudadanos en primer lugar.
Mientras que en nuestra América Latina, un juez de una provincia brasileña manda a arrestar a un individuo por no revelar información a la que, desde un principio, nunca tuvo acceso.
¿Esto es un mal endémico de la región? Puede ser, en mi experiencia, he encontrado una profunda falta de interés y desinformación de la autoridad en cuestiones informáticas.
Al final, estos dos casos y todos los que ha habido y habrá sobre la regulación de datos de los usuarios en internet nos revelan la profunda brecha digital que existe entre el gobierno, las leyes y la forma en que se involucran con la tecnología.
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